Entre los años de 1769 y 1846 Alta California fue parte de la Nueva España y, más tarde, del México independiente. La sede principal de su administración fue Monterey. Tras la conquista estadounidense, la mayor parte de la documentación hispano-mexicana se incendió después del terremoto de 1906 en San Francisco; sin embargo, una colección de copias y resúmenes sobre ella sobrevivió registrada como los primeros manuscritos en el catálogo de la Bancroft Library, denominada en inglés y en plural: Archives of California. Dichos cuadernos constituyen un verdadero tesoro, aunque la desorganización en la que se encuentran implica un obstáculo para los historiadores, ya que para poder abordar el complicado estado de esta documentación se requiere una comprensión holística que vincule la historia y la archivística.

El objetivo del presente estudio es rastrear el material histórico del gobierno local a través de los siglos y proponer planes bien fundamentados para facilitar el acceso a la información. Tras considerar la naturaleza interna y externa de los documentos, así como los principales problemas para su estudio, se proponen estrategias de mejora. Así, a través de una encuesta a historiadores y un experimento de transcripción, se intenta deliberar sobre la selección de un proyecto descriptivo adecuado que permita avanzar en la recuperación del patrimonio documental.

Los procedimientos administrativos que ejercían el control político sobre Alta California estaban basados supuestamente en reglamentos reales y leyes nacionales. En diferentes momentos del periodo hispano-mexicano la región fue considerada territorio, provincia y departamento, provocando que se afectaran las relaciones con las autoridades superiores del lejano sureste. La capital militar y administrativa de la región fue el presidio de Monterey - con pocas excepciones -. Como este lugar tenía funciones capitalinas, presidiales y portuarias, la documentación allí almacenada abarcaba los tres ámbitos,² a diferencia de los demás presidios que llevaban registros más limitados. Afortunadamente, gran parte del archivo presidial de San Francisco se conserva en los Documentos de Historia de California de la Bancroft Library, lo que facilita algunas comparaciones y extrapolaciones. El sistema de misiones franciscanas funcionaba como un Estado paralelo y llevaba sus propios registros y cartularios de acuerdo con el derecho canónico.

La mayoría de los gobernadores de la Alta California fueron militares que recibieron un doble mandato: la autoridad militar (comandante general) y la autoridad civil (jefe político). La legislación vigente durante el periodo indicado incluye la Recopilación de Leyes de los reynos de las Indias de 1680; las Ordenanzas de Su Majestad para el régimen, disciplina, subordinación y servicio de sus exércitos de 1768; el Reglamento para el Gobierno de la Provincia de Californias de 1781, y la Novísima recopilación de las leyes de España de 1805. Asimismo, regían una serie de constituciones políticas: la Constitución política de la monarquía española (de Cádiz) de 1812; la Constitución federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, las (Siete) Leyes constitucionales de la República Mexicana de 1836, y las Bases Orgánicas de organización política de la República Mexicana de 1843. Además, durante este periodo se emitieron varios preceptos que controlaban el posterior y muy controvertido proceso de creación de la propiedad privada en la Colonia. Entre ellos se encuentran la Ley concediendo á los extranjeros que vengan á colonizar garantías y terrenos, de 1824; el Reglamento para la colonización de los Territorios de 1828, el Decreto disponiendo se secularicen las Misiones de la Alta y Baja California de 1833; el Decreto reformando la redacción… sobre colonización y el Decreto secularizando todas las Misiones de la República de 1834 (De la Maza, 1893, pp. 191-93, 237-40, 250-52, 266-67). Y aunque su contenido no era ley, el Manifiesto a la República mejicana que hace el general de brigada Jose Figueroa… de 1835, también describe el funcionamiento del gobierno (Figueroa et al., 1978, p. 7).

El método de gobierno consistía supuestamente en procedimientos judiciales llevados a cabo por funcionarios debidamente facultados. Los procedimientos importantes generaban documentación en la que el autor debía indicar su identidad y autoridad para ejercerlos. Así, el tipo de documento administrativo reflejaba su finalidad: comunicativa, personal, contable u obligatoria. Aunque carecemos de datos contables sobre los documentos del fondo, su contenido puede esbozarse a partir de funciones oficiales, guías escritas y analogías con otros archivos.

En concreto, los documentos creados, enviados y recibidos en la administración de un presidio en Alta California incluían filiaciones, hojas de servicios, presupuestos, distribuciones de bienes, cartas oficiales, comisiones, extractos de revista, memorias y facturas (Wright, 1953, p. 10). La oficina del gobernador se ocupaba de actos, bandos, cédulas, decretos, circulares, informes, listados, naturalizaciones, padrones y reglamentos. El despacho también participaba en largas series de cartas oficiales, tanto con sus superiores como con sus subordinados, cuyo texto incluía instrucciones para la paz y la guerra. Otorgaba a particulares pasaportes, cartas de seguridad y concesiones de tierras, quedándose con una copia. Otros documentos tenían una génesis interinstitucional: aranceles aplicados al comercio permitido con los barcos visitantes, negociaciones sobre mano de obra y mercancías con el padre-presidente de las misiones franciscanas o correspondencia con los oficiales de los invasores rusos. El acervo también incluía algunos libros impresos cuyo origen y finalidad aún se desconocen.

Los documentos históricos se guardaban juntos con los actuales, todo en un solo archivo (Bowman y Nunis, 1982, p. 3); asimismo, el despacho no contaba con la ayuda de ningún archivista y se desconoce el mobiliario que protegía los documentos. Probablemente por medio de una carreta tirada por bueyes, se salvó del ataque de Hipólito Bouchard, quien incendió la capital en 1818 (Horne, 1970, p. 22). Poco después se grabó un inventario que describió el archivo; se perdió, pero existe un resumen con el que podemos ver los legajos y volúmenes que conformaron el archivo español:

Figura 1 Nota: Este documento inédito resume el contenido del archivo en el año de 1820. Fuente: actualmente desconocido.

Después de 1777, cuando Monterey sustituyó a Loreto como capital de las Californias, algunos contratiempos llevaron a los gobernadores - o aspirantes a gobernadores - a trasladarse otros lugares. Por ejemplo, al gobernador José María De Echeandía no le gustaba Monterey, así que llevó el archivo a San Diego en 1826, presumiblemente por barco, donde permaneció dos años antes de regresar.

En la década de 1830, los momentos de desunión política entre el norte y el sur - los arribeños y los abajeños - posibilitaron canales documentales divergentes, y en 1842 se agregaron al archivo central documentos creados por el gobernador Manuel Micheltorena, quien entonces residía en San Diego; en 1845 una parte del acervo central se envió a Los Ángeles (Bowman y Nunis, 1982, pp. 3-4). Para ese momento, Alta California ya se encontraba en un estado de agitación y conflicto, tanto por la tensión regional como por la creciente afluencia de hombres de habla inglesa, que ahora constituían una gran fracción de los residentes de la provincia.

Estados Unidos invadió México, primero mediante la inmigración y después por la fuerza; miles de angloamericanos llegaron ansiosos por controlar la tierra y la mano de obra. Su intervención militar mató a pocas personas en California, pero a muchas en el centro de México. El Tratado de Guadalupe Hidalgo puso fin a la guerra con garantías civiles para la población hispana al norte de la nueva frontera: el artículo IX insistía en que los californianos serían “mantenidos y protegidos en el goce de su libertad, su propiedad y los derechos civiles que ahora tienen según las leyes mexicanas” (Griswold, 1990, pp. 44-48); sin embargo, el senado de Estados Unidos eliminó por completo el artículo X, que explícitamente iba a proteger las concesiones de tierras preexistentes. Las presiones fiscales, vecinales y legales sobre los ganaderos aumentaron. Los procesos en torno al artículo IX producirían una amplia documentación y un enfoque por parte de los invasores que afectaría el tratamiento del archivo.

Mientras tanto, la documentación de la capital sufrió graves daños materiales durante la conquista estadounidense, ocasionados tanto por los combatientes de Monterey, como por los de Los Ángeles (Beers, 1979, p. 204; Coronel y Nunis, 1994, p. 46). En 1846, soldados angloamericanos en San Rafael quemaron algunos documentos que podían haber incluido registros de matrimonios (Goerke, 2007, p. 162); asimismo, durante semanas un hospital militar estadounidense utilizó documentos como papel de desecho (Beers, 1979, pp. 208-9). Se mencionan personas que destruyeron archivos familiares a propósito y, además, “muchos documentos públicos útiles han sido fumados en forma de cigarrillos” (Beebe y Senkewicz 2006, p. 372). John C. Frémont, del ejército estadounidense, cubrió con mantas los legajos que trajo por tierra al norte, lo cual no impidió que se perdiera documentación perteneciente a una concesión de tierras a su rival José Castro (Bowman y Nunis 1982, pp. 11-12); los oficiales angloamericanos dejaron que los papeles se mezclaran y los llevaron de un lugar a otro sin tener en cuenta su integridad. Para Weld (2014) eso es agredir al pueblo: “la violencia de un Estado contra sus documentos, ya sea mediante la destrucción deliberada o la negligencia, es una forma de violencia contra sus ciudadanos” (pp. 238-39). Tal como describe, el descuido mutila a los acervos, lentamente o repentinamente, violando su integridad. En palabras de Báez (2004), “el desinterés destruye” (p. 8), pero los daños no solo indican negligencia.

Las invasiones quitan la legitimidad a los documentos de archivo de los perdedores, lo que invita a los daños, y por supuesto, la mala o nula conservación de un fondo capturado refleja los intereses de los ganadores. Por ejemplo, las autoridades españolas de la Colonia intentaron acabar con los códices indígenas de Mesoamérica (Báez, 2004, pp. 130-32); los documentos oficiales de Nuevo México fueron retirados de la sede del gobierno en 1870 y utilizados para envolver paquetes de las tiendas (Bowden, 2015); entre 1881 y 1883 invasores chilenos saquearían y destruirían la Biblioteca Nacional del Perú (Aguirre, 2015, pp. 80-81), y en 1898 documentos públicos de Manila también terminarían en fogatas, retretes y en la vía pública tras la conquista estadounidense de Filipinas (Pérez, 1962). Cuando militares retienen la documentación aún existente, el acto recuerda en gran medida a la arquitectura carcelaria de los archivos (Rufer, 2020, pp. 4-5).

Cabe destacar que al desarraigar los documentos de la geografía y titularidad de la autoridad mexicana se les privó de contexto y se les separó de quienes mejor los entendían, y aunque siguieron apareciendo en causas judiciales, el nuevo Estado impidió cualquier continuidad archivística. La primera ley del nuevo Estado, en 1850, instituyó bajo la dirección de su secretario un nuevo archivo estatal, los California State Archives (plural en el inglés). Esto fue hecho sin mencionar - o excluir - la documentación hispano-mexicana (Laws of the State of California, 1850, p. 45).

La fundación inmediata de este nuevo archivo reflejó la deliberada ignorancia del pasado, que Mbembe (2002) ha llamado la cronofagia: “Más interesados en el presente y el futuro que en el pasado, pensaron que podían acabar con el pasado de una vez por todas para poder escribir desde cero” (p. 23), buscaron borrar las viejas deudas que un archivo evidencia. Sin embargo, este acto no siempre ha tenido éxito: “Porque, al final, tales métodos afectan la materialidad del archivo más que su dimensión como imaginario instituyente, a veces han tenido problemas” (p. 23). Mbembe (2002, pp. 23-24) concluye que los intentos por eliminar el pasado a través de la remoción de archivos no logran erradicar la memoria que ofrecen, sino que el archivo desaparecido obtiene mayor atención; recibe la proyección de la imaginación y la ira.

Durante décadas el interés principal en el fondo se enfocaba exactamente en esas viejas deudas. Los invasores reconocían la importancia de aclarar la tenencia de la propiedad para cambiarla. Durante 1846 y 1847 los militares recogieron documentación en donde se pudiera, con atención especial a los expedientes de concesiones de tierras. Uno fue enviado a Washington, D.C., mientras otros se perdieron, aparentemente a propósito (Bowman y Nunis, 1982, p. 12; Spence y Jackson, 1973, pp. 2, 480, 482); más tarde, los que trataban directamente los terrenos se separaron para su mayor seguridad.

Conforme los angloamericanos imponían un ámbito más formalizado y litigioso, el gobierno federal se encargó de la cuestión de las tierras anteriormente concedidas. En 1851 un acto legislativo declaró que los terratenientes de California tendrían que probar positivamente sus posesiones. Entre 1852 y 1856 los casos fueron vistos por una junta compuesta principalmente por excongresistas del este del país (Fritz, 1991, pp. 138-41). Gates (1968, p. 116) calificó a esa junta de ignorante del español y del derecho mexicano. Tras pasar por la comisión, las concesiones se siguieron disputando en los District Court, Circuit Court y Supreme Court, aunque los litigantes ya no fuesen los terratenientes originales, sino sus abogados, fiadores o herederos; en fin, las familias rancheras quedaron casi sin tierras.

Esta extrema litigiosidad, con su dimensión racial, contaba con procesos formales de verificación documental. Entre 1846 y 1891, se hicieron cinco colecciones de documentos hispano-mexicanos de Alta California: la más importante de ellas fue la colección de 1858 (Bowman y Nunis, 1982, p. 9); se ha estimado que alrededor de 15% de los documentos se perdieron antes de esa fecha (p. 6). Los archivos locales tampoco estaban vigilados y sufrieron daños y extravíos (Beers, 1979, pp. 271-72). El resultado fue un cuerpo documental dañado y distribuido que conservó la mayoría de la documentación, pero desunida de su procedencia y cronología. Hubiera sido reconstruible; lamentablemente, los descuidos presagiaban una pérdida más severa en el futuro.

El cuidado de la documentación necesaria se encargó a una nueva oficina federal: el topógrafo general para California (White, 1983, p. 115), en su sede de San Francisco, ciudad que ya se había incendiado varias veces. La oficina se ubicó, desde 1854, en el nuevo Montgomery Block, en la esquina de las calles Montgomery y Washington. Los abogados a quienes convenía la tenencia local del archivo subvencionaban la oficina federal allí (Grenier, 1984, 257-58). El edificio tenía la fama de ser ignífugo; había contraventanas de hierro y un cortafuegos de 61 cm encima del techo frente al único edificio vecino.⁴ Fue construido con base en las ganancias del abogado Henry Halleck, responsable y principal beneficiario del embrollo jurídico que iba privando a los californios de sus tierras (Fritz, 1991, p. 138).

Figura 2 Nota: La foto de George R. Fardon, hacia 1856, del edificio ignífugo en Montgomery Street donde se custodiaba el archivo. Se derribó en 1959. Fuente: The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, object 2009.43.2.

En este periodo el archivo ocupaba 41 cajas de metal con una organización todavía no muy perturbada (Grenier, 1984, p. 259-61). Por 1858 hubo una conmoción, el fiscal general del país mandó un abogado comisionado para defender un caso de altísimo valor: alguien había reclamado la mayor parte de la ciudad de San Francisco (Beers, 1979, p. 217; Thomas y Hyman, 1962, p. 74).

El abogado Edwin M. Stanton fue designado para resolver dicha comisión, y aunque no entendía el español, se esforzó para reunir y organizar el archivo. Primero, encabezó una investigación y el acopio de documentos en otras partes del estado. Aprobada una ley que exigía el otorgamiento de la documentación al archivo, envió a sus funcionarios a recabar lo que hallaran entre Sacramento y San Diego (Grenier, 1984, p. 258; Thomas y Hyman, 1962, p. 77); juzgaron algunos documentos como inútiles para el litigio sobre tierras y los devolvieron a sus pueblos de origen (Beers, 1979, p. 220).⁵ Luego, los seis encuadernadores de Stanton reunieron los documentos en tomos, lo cual se realizó con una comprensión mínima de la documentación, aunque su equipo incluyó cuatro traductores. Además de poner títulos que poco aportan al conocimiento de los contenidos, tampoco estuvo el equipo al tanto del principio de respect des fonds, entonces desarrollado recientemente en Francia. No está claro si también se alteró el orden de los documentos antes de encuadernarlos, pero es obvio que muchos de ellos quedaron fuera de orden y procedencia. El archivista de la oficina se quejó después de que Stanton “no dejaba tiempo para que el trabajo se hiciera correctamente” (Bowman y Nunis, 1982, p. 40).

Beers (1979, pp. 219-20) nos mostró en 1852 que, aunque sus nombres ya estaban en inglés, todavía existían series como “Naturalization” y “Proceedings of the Legislative Assemblies of California during the Mexican epoch”. Por lo tanto, Stanton habría tenido la oportunidad de conservar los ramos existentes, pero optó por una reorganización radical y su equipo separó la documentación de su contexto jurídico y archivístico. Por supuesto, los documentos del archivo no tenían relación alguna con los procedimientos y operaciones del gobierno angloamericano; pertenecían a un pasado remoto, ya derrotado y controlado, desde su punto de vista. Los volúmenes de su encuadernación descartarían el contexto legal de los documentos, utilizando etiquetas que en su mayoría usaban la palabra despectiva “papeles”. Organizó la solemne documentación bajo títulos tan discordantes como “Provincial Records”, “Departmental State Papers” y “State Papers-Miscellaneous-Benicia”. Algunos nombres reflejan las ubicaciones previas de la documentación, ya que habían llegado a San Francisco desde Benicia, Sacramento, Los Ángeles, etcétera. Esos lugares se indicaban en los nombres de los tomos (Beers, 1979, pp. 219-20; Bowman y Nunis, 1982, p. 43). Benicia y Sacramento no existían antes de la invasión estadounidense, pero muchos documentos sobre el periodo hispano-mexicano ya se conocen con estos nombres.

La situación actual se debe en parte a un problema bien descrito por Meissner (2019): “Las incidencias en el almacenamiento y el transporte no deben nunca preservarse ni tratarse como condiciones significantes” (p. 24). Será en parte por eso que Zephyrin Engelhardt llamó al proyecto archivístico de Stanton “un triste fracaso” (Engelhardt, 1912, p. XXV), pero sí ganó su caso sobre los terrenos de San Francisco. Luego trabajó con Abraham Lincoln como su secretario de Guerra durante la guerra civil estadounidense.

Hacia 1861 el presupuesto federal no permitía mantener la oficina en Montgomery Block (Grenier, 1984, p. 259). Así que se trasladó a la esquina de las calles Montgomery y California (Alward y Rolle 1971, p. 115); después de construirse una subtesorería federal en 606-610 Commercial Street, hacia 1875, la oficina permaneció ahí. Este edificio de ladrillo lindaba con otros edificios por tres lados, pero tenía solo dos cortafuegos de 30 cm. Un inspector de seguros halló las paredes “llenas de vientos”.⁶

Desde los años 1850, el oficio de archivista (Keeper of the Archives) del topógrafo general se fue profesionalizando. El funcionario más notable, Rufus C. Hopkins, sirvió desde 1855 hasta 1878, trabajó con Stanton y tuvo oportunidades para lamentar sus prisas (Bowman y Nunis, 1982, p. 40). Hopkins describió el fondo como una sencilla fuente de anécdotas divertidas, sin importancia, porque la cultura que describía ya había sido vencida y reemplazada (Dwinelle, 1867, pp. V-IX). Hacia el fin de la tenencia de Hopkins ocurrió el proyecto de abstracción de Bancroft. Después de retirarse, el funcionario escribió un libro de poesía y conversaciones que tocaba repetidamente el tema de la tierra (Hopkins, 1894). Archivistas posteriores incluyeron a Alexander Forbes, de 1883 a 1891; quizá después Valentín Alviso, y luego Charles F. Gompertz, quien ejerció desde finales de 1890 hasta 1909⁷ (Beers, 1979, pp. 256-57).

Un listado de los funcionarios de 1861 revela sus varios orígenes. Desconocemos sus capacidades con el idioma español, ya que ninguno parece tener ascendencia española (Alward y Rolle, 1971, p. 116). Sin embargo, los funcionarios tenían la responsabilidad de producir copias certificadas de documentos de archivo. Sobre tela de calco, elaboraban facsímiles sellados que incluyeron hasta las rúbricas de firmas (Williams, 2024). Se desconoce el número de estas copias que fueron producidas.

Figura 3 Nota: El topógrafo general James W. Mandeville atesta que conserva “una porción” del archivo hispano-mexicano y que la copia que sigue es fiable. Fuente: Cortesía de Auger Down Books.

Desde el exterior se vertían opiniones sobre el fondo. Un empleado de Bancroft (1890) explicó que “todo el asunto es un revoltijo.... Los papeles bien podrían tener la forma de pajar” (p. 470). Eldredge (1901) señaló que páginas del mismo informe se encontraban separadas unas de otras; para relacionar los datos, escribió: “hay que consultar el archivo entero”. Además, critica la encuadernación de los volúmenes: “Se hizo tan descuidadamente el trabajo que casi parecería como si la confusión se hubiera creado a propósito” (p. 5), por lo que decidió etiquetar los volúmenes con números: 1-302 (Beers, 1979, p. 257).

En 1890 el archivo estaba constituido por 280 639 páginas de documentos en español (Bowman y Nunis, 1982, p. 41). Para el año siguiente se concluyó el proyecto de copiar y traducir los 579 expedientes sobre las concesiones en Alta California, unas 18 200 páginas aún conservadas en los California State Archives (Beers, 1979, pp. 256-58).

En 1903 la Library of Congress en la capital federal - Washington, D.C. - buscó adquirir el fondo del topógrafo general (Lombardi, 1937, pp. 361-67), y el diario San Francisco Chronicle resaltó su intento: “WOULD SEIZE OUR ARCHIVES”.⁸ Gompertz, archivista de la oficina, consiguió el apoyo de académicos y resistió exitosamente la demanda federal, logrando que no le quitaran los documentos. El presidente de la University of California, Berkeley - institución que custodia la colección actual - señaló que el fondo debía en todo caso conservarse en un edificio ignífugo (Lombardi, 1937, p. 365).

El archivo no se envió al gobierno federal, seguía custodiado por la oficina del topógrafo general en donde se carbonizó. El gran terremoto de abril de 1906, que probablemente tuvo su epicentro dentro de la ciudad misma (Lomax, 2005, p. 872), causó varios incendios que se unieron rápidamente llegando a destruir la subtesorería. La única parte de la documentación que sobrevivió fue la sección de las series sobre las concesiones de tierras guardadas en una caja ignífuga. Dichos documentos se conservan hoy en los National Archives estadounidenses (Beers, 1979, pp. 257-58; Grenier, 1984, p. 259; Lombardi, 1937, p. 367). Bowman escribió que “para casi todas las fases de la vida provincial la pérdida de 1906 es casi insuperable, salvadas solamente por la abstracción hecha por Bancroft en 1876-1877, y por la preservación de los documentos misionales en Santa Barbara” (Bowman y Nunis, 1982, p. 91). Bancroft (1890) había acertado en sus memorias:

Figura 4 Nota: El edificio federal en Commercial Street donde se ubicaba el despacho del topógrafo general, con el archivo de Alta California, fue incendiado en 1906. Fuente: Cortesía de la California Historical Society, PC-SF_00335.

Hacia 1851, el primer historiador en consultar el archivo provincial pudo ser A. M. Osio (1996, pp. 7, 9). Después, el exitoso librero, Hubert Howe Bancroft, decidió dedicarse a la bibliofilia y la producción de la historia a gran escala - lo que llamaba “industria literaria” - montando una casa editorial e imprenta encima de su librería en 721 Market Street.

Figura 5 Nota: Aquí tuvo lugar el proyecto historiográfico que utilizó la colección resumida. Fuente: SFHC, AAC-4681.

En las plantas superiores más de 200 obreros convertían papel, tinta, cola, hilo, tela, cuero y pan de oro en los volúmenes vendidos abajo en la tienda (Andrews, 2011, pp. 45-46; Bancroft, 1890, p. 162). El contenido intrínseco de las historias vendría de otro piso: la última planta que ocupaba el taller literario (Andrews, 2011, p. 39). Este comprendía biblioteca, hemeroteca, puestos de copistas y oficinas privadas de los principales agentes.⁹ En la década del 1870, trabajaban allí hasta 50 “labriegos literarios”, formando el equipo que resolvía todas las dudas de la historia de California (Andrews, 2011, p. 42).

Las técnicas de Bancroft eran varias: adquirió una gran cantidad de fuentes documentales, tantas nuevas como viejas; un agente, dotado de licor, visitaba a los principales “pioneros” para grabar sus historias; técnicos de la planta literaria ficharon detalles para un índice; otro agente dirigió el equipo de copiar, como veremos, y los asistentes principales redactaron el texto de las historias. Se publicaron decenas de volúmenes. Andrews (2011, p. 41) observa que “pomposamente y falsamente” se atribuyeron a Bancroft mismo.

Figura 6 Nota: El ilustrador Henry Barkhaus, de tan solo diecinueve años, mostró H. H. Bancroft meditando mientras otras manos escriben. Esta portada de la revista satírica The Wasp habrá solicitado su editor Ambrose Bierce, que desdeñaba a Bancroft. Fuente: BL-UC, BANC MSS B-C 7, oversize-box 22, folder 1; West (2004, 60-61, 80-81, 232).

Como patrocinador del producto, Bancroft fue responsable por la producción de los Archives of California. La empresa que creó para su proyecto histórico hizo copias, resúmenes, índices, informes, dibujos y contratos. Él mismo y sus principales asistentes escribieron memorias sobre el trabajo. Entre los apuntes que nos dejaron se destacan algunos detalles sobre la escritura de la colección. Gracias a ellos contamos con datos sobre los hombres que escribieron los documentos.

Bancroft solía adquirir originales, como admitió respecto de una crónica sobre Michoacán: “mi copia manuscrita se sacó de los archivos mexicanos” (Friends of the Bancroft Library, 1962, p. 13). No obstante, existía documentación que él no podía comprar, y para aquella se dispuso de un equipo de copistas bajo la dirección de Thomas Savage, un habanero estadounidense que había trabajado en el consulado de su ciudad natal (Beebe y Senkewicz, 2006, p. XXV). Para este fin, a principios de 1876, Savage reunió a una docena de escribanos hispanohablantes. Primero, durante un mes, extrajeron resúmenes del archivo del arzobispado (Bancroft, 1890, pp. 472-74; Beebe y Senkewicz, 2006, p. 341). Después se dirigió hacia la documentación hispanoamericana en la oficina del topógrafo general. Bancroft anticipó dificultades. Demostrando sus propias faltas tanto de respeto como de destreza, declaró que los documentos “eran casi todos en español, muchos en muy mal español, y difíciles de descifrar” (Bancroft, 1890, p. 468).

El topógrafo general sugirió que el equipo de Savage alquilara un espacio cerca de su oficina para hacer su trabajo. Hecho esto, durante un mes, la documentación original cruzó algunas calles a un despacho en el Blumenberg Building en la esquina de las calles Sansome y Pine. Esto terminó cuando su archivista mostró su preocupación por el riesgo que corría, tanto legalmente como su reputación. Después de algunas discusiones, el equipo se instaló en la misma oficina del topógrafo general, donde se concluyó el trabajo (Beebe y Senkewicz, 2006, p. 344).

El trabajo de los escribanos consistía en copiar o abreviar el contenido intrínseco de la documentación. La presentación de los documentos en la colección es bibliográfica y sistemática, lo que indudablemente se esperaba que permitiera una rápida consulta. Estos datos estructurados servirían para formar etiquetas descriptivas dentro de una futura digitalización.

Los escribanos casi siempre empezaban una entrada documental con la data tópica y crónica. Sin intentar enumerar las tipologías documentales halladas en la colección, se nota la presencia de cartas oficiales, causas criminales y diversos tipos de informes. Debían ellos variar el nivel de detalle que registraron. Así, para cada documento encuadernado en los tomos, optaron por copiarlo si se consideró importante; resumirlo si pareció de interés potencial, o solo describirlo si prometió poco para las historias. Esta elección introdujo un gran sesgo editorial que aún no se ha estudiado.

Savage menciona que los escribanos eran todos varones, y dejó los nombres de tres de los “mejores”: Emilio Piña, Rosendo V. Corona y Vicente P. Gómez (Beebe y Senkewicz, 2006, pp. 342, 345-46). Estos hispanohablantes podían ser miembros de la subordinada comunidad hispano-mexicana de California. Gómez era un jalisciense que en los años de 1840 ejercía de escribano en Monterey. Fue una fuente de historias para Bancroft (1890, pp. 274-75), quien valoró su trabajo y publicó datos biográficos sobre él. Es curioso notar que Gómez pudo haberse dado con documentos que él mismo escribió en su juventud. Posiblemente, otros escribanos fueran descendientes de los oficiales cuya documentación iban procesando.

Los cuadernos que se llenaron reflejan los tomos previamente encuadernados por la compañía de Stanton. Cada uno solía completarse con 100 o 200 páginas. Al escribir sobre cada folio, el escribano lo paginó. El trabajo de representar el fondo antiguo duró 10 meses, desde mayo de 1876 hasta marzo de 1877. Bancroft y Savage dieron estimaciones bien diferentes del costo: $18 000 y “casi $10,000” dólares (Bancroft, 1890, p. 471; Beebe y Senkewicz, 2006, p. 342). El patrocinador tenía por qué exagerar el precio, y el encargado, minimizarlo. Si ajustamos por el medio de las dos estimaciones - $14 000 - y presumimos que Savage ganase el doble que el resto de los escribanos, cada uno habría obtenido $1 000 en el curso, o $100 dólares al mes.

Afortunadamente, cuando el Bancroft Building se quemó en 1886, el taller literario ya se había desmantelado; la colección estaba en la biblioteca particular del jefe. Para ello había erigido un edificio raro en 1538 Valencia Street, con contraventanas de hierro. Para Andrews (2011, pp. 40-41), su diseño fue inspirado en un cuartel, una logia masónica o un mausoleo. Ubicado bastante al sur del centro, entre un riachuelo y un hospital, se rodeaba de un jardín. En noviembre de 1905, después de una larga negociación, Bancroft concertó la venta de su colección a la University of California (Bancroft Library, 2002b).

Figura 7 Nota: La biblioteca remota a que no llegó el incendio de 1906. Fuente: BL-UC, BANC PIC 1905.11574- FR.

El incendio que siguió al terremoto no alcanzó la biblioteca de Bancroft, aunque sí destruyó la mayoría de la colección del exalcalde Adolph Sutro; la parte guardada en el Montgomery Block quedó a salvo (Dillon, 1967, p. 234), pasando a fundar un ramo de la California State Library.

La repentinamente valiosísima colección de Bancroft permaneció segura en Valencia Street; al mes siguiente por fin se trasladó la custodia a la Universidad en Berkeley, cuyo archivo principal aún se llama la Bancroft Library. La pequeña y original biblioteca de Bancroft se derribó en 1954, y en 1964 grupos cívicos reunieron fondos para instalar allí una lápida y placa de bronce (NoeHill, 2015).

Cabe notar que la colección actual no es documentación de archivo en el sentido estricto, sino una de carácter bibliográfico. La colección no exhibe la autenticidad, fiabilidad ni integridad de los documentos de archivo. Sin embargo, en Estados Unidos la misma clave jurídica de la documentación de archivo no existe y esta colección se considera un fondo de archivo, con signatura y conservación adecuadas a cualquier conjunto de manuscritos.

Dejando de lado las pocas traducciones del ruso intercaladas por Ivan Petroff, no se impugna la fiabilidad de las copias y resúmenes (Pierce, 1968). No obstante, queda pendiente un futuro análisis, pues no sabemos en qué medida la información de los originales resultó alterada al realizar los resúmenes. La mayoría del texto fue excluido y se encuentran diversos errores, como un documento etiquetado de 1814 en C-A 12, 361, que aborda asuntos de 1815. Pero sin duda, el problema principal para el uso de la colección es la desorganización en que se encuentra su contenido.

No sabemos con certidumbre cuándo la biblioteca microfilmó los Archives of California, pero incorporó una guía al recurso en 1955. Desde entonces las imágenes en blanco y negro se distribuyen en 63 rollos correspondientes a los volúmenes encuadernados. En 2008, imágenes de los volúmenes aparecieron en el Internet Archive; las fotos se escanearon del microfilme con financiación de la Sloan Foundation y se encuentran disponibles gratuitamente en línea, con pocos metadatos y sin transcripción ni guía.

Los documentos ahora parecen haber entrado al dominio público. Bajo la ley estadounidense, los autores pierden los derechos a sus obras no publicadas en un plazo máximo de 120 años, el cual se cumplió en 1997. Las imágenes del microfilme no aportan nada nuevo y por eso también carecen de derechos de autor (M. Lange, comunicación personal, 16 de octubre de 2020).

No solo la colección está fuera de orden, sino que los títulos carecen de significado. Los nombres de los ramos se degeneraron por lo menos dos veces: al tratarse de pronto en inglés y después con la intervención de Stanton. Idealmente el fondo debió mantener los nombres de sus agencias productoras. Desde aquel entonces los ramos han llevado títulos aún menos descriptivos y una gran cantidad de números romanos. Algunos nombres contienen a otros, aunque representan secciones distintas; por ejemplo, los “Departmental State Papers” no incluyen los “Departmental State Papers. Monterey”. Hay también un caso de dos tomos que llevaban el mismo título (Bowman y Nunis, 1982, p. 40).

Las descripciones actuales del fondo no identifican directamente los órganos de origen. Más allá de la mutilación en la guerra, la tradición archivística anglosajona se centra más en la tipología de documentos y los tópicos abarcados, que en las agencias productoras y los procedimientos legales. Hoy día podemos contar con la regla de Duchein (1983, pp. 72-73): al mezclar documentos de diferentes agencias, la descripción global debe indicar que abarca el conjunto de las agencias. Sin embargo, Stanton no conocía ni este punto ni la organización interna de los gobiernos hispano-mexicanos que creaban la documentación.

La metodología de Stanton tampoco incluyó organizar la documentación cronológicamente; parece haberse enfocado sobre todo en la encuadernación. Bowman (Bowman y Nunis, 1982) indica que “los usuarios del actual Archivo de California [sic] de Bancroft están constantemente confundidos por el orden no cronológico de los documentos en el mismo volumen o series de volúmenes” (p. 40).

Incorporando estos serios problemas, el equipo de Bancroft encuadernó los Archives of California otra vez, quizá cuando se mudaron a la biblioteca particular del jefe. Ahí surgió otro lío: los 63 volúmenes no recibieron nuevas portadas, pero sí nuevos títulos compuestos - estos conjuntos de tomos son los elementos básicos reconocidos por la biblioteca -, y peor, varios tomos se denominaron “volumen” en la portada. Cuando un título incluye un rango cronológico para la documentación que contiene, los datos son muy inciertos.

Más allá de los nombres ambiguos y los rangos de números romanos, las referencias a la colección también suelen confundir y costar por la doble paginación que incluye. Al escribirse los tomos, llevaron una paginación manuscrita en la derecha superior; números que sirven perfectamente para los tomos adentro de los volúmenes. A mediados del siglo XX, con la intención de reparar este supuesto fallo, la biblioteca eligió una solución peor que el problema: añadir otro número a cada página, con un estampador tipo Bates. El autor del primer volumen índice, posiblemente D. M. Wright, explicó:

Cada paginación funciona en sí, pero se confunden. Ahora no está claro cuándo o por qué usar un número o el otro. Las referencias al contenido en el presente artículo siguen la paginación estampada de los volúmenes. Este conjunto de condiciones dificulta la búsqueda de datos y la referencia a los documentos, al igual que genera una probabilidad relativamente alta de fracasar en la búsqueda de un documento citado. Hemos visto el desconocimiento del respect des fonds por parte del equipo de Stanton. Sería de gran ayuda liberar ese texto de su cenagal.

El resumen de 1820 es por ahora el único del periodo originario y revela el esquema español de la época; tras la conquista estadounidense se elaboraron más inventarios. Para la época siguiente, las obras de H. P. Beers y J. N. Bowman - cada una escrita sin conocimiento de la otra - proporcionan datos valiosos sobre el fondo. Bowman (Bowman y Nunis, 1982, pp. 32-39) aporta listados de contenidos de 1858, 1862, 1880, 1889 y uno posterior sin fecha; Beers (1979, pp. 376-82) cita a cuatro: 1852, 1880, 1898 y 1903. J. A. Grenier (1984, pp. 259-61) también publicó uno de 1857.

A finales del siglo XIX se había generado un compendio en inglés (Beers, 1979, p. 257), pero el archivo carecía de índice general (Engelhardt, 1912, pp. xxv-xxviii). No obstante, un pequeño archivo de gran valor histórico, aunque totalmente desorganizado, es un caso idóneo para indizar. Para 1901 el archivista Gompertz ya había dedicado dos años a realizar una indización (Eldredge, 1901, p. 5). En 1904, su producto abarcó 138 de los 302 tomos; había llegado a describir 46% del fondo en cinco años (Beers, 1979, p. 257). Es de suponer que el trabajo se quemó junto con el fondo.

El gran proyecto bibliográfico de Bancroft desarrolló dos índices caseros a su colección bibliográfica: el primero se abandonó; el segundo sí sirvió. Sin embargo, de este se conservan apenas unas fichas ejemplares (Bancroft, 1890, pp. 235-43; Bancroft Library, 2002a). Parece que dos de esas se intercalaron en C-A 13, 210. De alguna manera no se consideraba una parte perdurable de la colección y quedó desindizada.

En 1947, George P. Hammond, director de la Bancroft Library, reclutó al archivista Roscoe R. Hill para informar sobre el estado de la colección. Este enfatizó su recomendación de producir una serie de guías a los manuscritos, cuya ejecución se planificó “inmediatamente” (Bancroft Library, 2002a), aprobándose una subvención universitaria para ese fin (Friends of the Bancroft Library, 1958, p. 4). Lentamente, funcionarios de la biblioteca lograron publicar guías para algunas materias.

No obstante, la producción de tales guías suponía un desafío para la biblioteca. Contaba en esa época con presupuestos mínimos; en 1946 tenía apenas cuatro empleados (Bancroft Library, 1965, pp. 9, 31). Otro foco de actividad fue la microfilmación de documentos ajenos. M. A. Fisher indicó que por 1955 la recolección de material de otros archivos había aumentado notablemente; ya se guardaban 2 500 000 imágenes - o sea, cien veces más que la colección de nuestro interés -.¹¹ Este crecimiento desvió de los fines antes planeados los escasos recursos de la biblioteca; sin embargo, se logró realizar una guía mecanografiada de los grupos de volúmenes.¹²

El revoltijo de la colección se demuestra en la mezcla de documentos mencionados. Describe de una forma narrativa los tópicos del contenido intrínseco, con referencia ocasional a la tipología de los documentos resumidos. La descripción se complica mucho por la desubicación de muchos de ellos. Peor es nada, pero esta guía tiene que leerse por completo porque está estructurada en los volúmenes sin índice de tipologías, lugares o fechas.

Un nuevo proyecto de indización comenzó también. C. I. Wheat (1955), presidente de la asociación benéfica de la biblioteca, llamó la atención a la falta de presupuestos que apoyaran dicha indización:

En fin, ese índice sí “murió al nacer”. Aunque el éxito del proyecto era muy deseado, o la subvención se esfumó o el trabajo era más de lo planificado. La guía sobre los documentos de California - en proceso en 1965 - nunca salió (Bancroft Library, 1965, p. 36; 2002a). La parte del proyecto que existe constituye un conjunto de índices mecanografiados para los primeros 14 volúmenes - aproximadamente 22% de la colección -. En principio su contenido es onomástico, aunque aparecen también unos cuantos tópicos bajo sus nombres en inglés. El léxico es anticuado y escaso, y el hecho que las 14 partes nunca fueron unidas dificulta bastante su uso.

Irónicamente los meros libros de Bancroft hoy forman el mejor índice a la colección (Davis, 1964, p. 415). Ubicando un tema en el texto, a partir de sus títulos y tablas de contenido, las notas al pie indican documentos en la colección de resúmenes y copias. Esta manera sí está limitada: solamente sirve para las materias y términos que incorporó el equipo escritor, y las historias en sí carecen de índice; sin embargo, es una manera de proceder.

Cualquier esfuerzo documental con esta colección se basaría en un conocimiento de su naturaleza extrínseca. Se escribió en manera industrial y durante un año solo, y por eso, tiene una forma muy consistente. Hay apenas un tipo de soporte, aunque varias manos lo trabajaron. En este apartado se tratan los aspectos extrínsecos - códigos lógicos, lingüísticos y gráficos - del material.

Los 63 volúmenes se componen por 273 cuadernos de aproximadamente 23 925 folios. Los soportes físicos tienen una dimensión de 20 por 32 cm (D. Smith, comunicación personal, 30 de abril de 2021) y ocupan 32 cm de estantería. Los folios son anopistógrafos, con escritura apenas en los rectos; su pautado es de 29 líneas, cada una de 12 mm. Dada la integración vertical de la empresa de Bancroft, es probable que los soportes se consiguieran en la misma tienda.

Principalmente aparecen documentos simples, aunque también se notan compuestos. Los expedientes se tratan como series de documentos simples que comparten data, resumen, y referencia. Para muchos documentos, no todos, se indica la paginación de la fuente después perdida. De esta forma percibimos un caso extremo como el de un informe sobre el presupuesto de la Compañía del Presidio de San Francisco, descrito en una sola frase en C-A 20, 477, que ocupó en el original 37 páginas.

Más allá de la plena omisión de contenido, se postulan alteraciones al texto. Los datos estructurados se presentan en orden (fecha - lugar - título). Esta formación admite la omisión de frases textuales que cubren los mismos datos. En comparación con los originales, los resúmenes también se sesgan en contra de las formulaciones oficiales; abandonan las formalidades para reducir el volumen de la obra. La ortografía de la colección es probablemente más regular que la de los originales. Los escribanos de Bancroft tenían más educación que los antiguos oficiales y además vivían en una sociedad ya repleta de materiales escritos.

Generalmente un tomo entero fue escrito de manera uniforme, por una sola mano y con el mismo instrumento. No obstante, se observa un cambio de mano en C-A 62, 173 y un cambio de pluma en C-A 62, 30. Cada tomo luce una portada más o menos decorativa. Muchas de esas ostentan un apunte que indica los apellidos de los escribanos responsables; por ejemplo, “Valenzuela + Gomez” en C-A 62, 161, o “Bernal” en C-A 5, 1. Un estudio del trabajo de los escribanos individuales podría llevarse a cabo con base en esta información.

Figura 8 Nota: Nótese la anotación que nota el escribano Gómez y la etiqueta microfilmada con la signatura. Fuente: BL-UC, BANC MSS C-A 56, 1.

Sin duda, los escribanos se encargaron de trabajar con eficiencia y regularidad. En promedio, un escribano produjo seis páginas diarias, una cadencia que refleja la necesidad de leer los documentos originales. Se usó una letra cursiva uniforme y repleta de ligaduras, con ductus consistente. Las manos varían en cuanto al ritmo, peso y modulación; hay ejemplos más solemnes y otros más rápidos. Las técnicas braquigráficas son muy evidentes. Muchos nombres de oficiales se recortan y frecuentemente solo se da el apellido. A veces se hace referencia a la última entrada; la segunda de dos cartas en serie puede emanar de “lo mismo”, y las fechas del mismo mes a menudo están precedidas por un signo de ídem.

No parece haber ninguna indicación de membretes, sellos y rúbricas; aunque la diplomática los estima, para esta abstracción literaria no parecieron útiles. De esta manera fueron omitidos los detalles extrínsecos de la validación, aunque contamos con la creencia de que la documentación destruida fuera fiable. Lo restante en los Archives of California, constituye, en el mejor caso, copias simples; sin embargo, los escribanos no indicaban sus omisiones ni sus alteraciones al contenido.

Por suerte no parece demasiado penoso clasificar cada documento como copia simple, resumen o descripción simple. La forma del resumen resulta llamativa porque la omisión de contenido es un acto que explícitamente desprecia cierto significado intrínseco. Sin duda varios sesgos formales e informales influyeron en el proceso, los cuales condicionan nuestra confianza en la colección. Para hipotetizar sobre los sesgos y los detalles perdidos, habría que analizar documentos conservados de las mismas tipologías e identificar patrones de sesgo en el resumir. Por ejemplo, sería interesante saber si los resúmenes mencionan a las mujeres más o menos que en los originales perdidos.

En algunos pocos casos los escribanos comenzaron a escribir y luego tacharon sus líneas. Pudieron haber identificado errores graves que motivaron la escritura de una segunda versión, lo que quizás pasó en C-A 20, 516. A veces una corrección fue más quirúrgica. En C-A 26 hay muchas instancias del apellido Rodríguez, luego tachadas a favor del oficio, “Comand^te de San Diego”. También se notan tachaduras y pequeñas adiciones hechas con lápiz, que por su aspecto editorial podrían ser de Savage. Resulta algo extraño que se intentaran cancelar datos incluidos previamente. Técnicas diplomáticas posibilitan el transcribir de textos modificados, pero para conocer el proceso de su alteración se necesitarían estudios profundos.

Se nota que en C-A 12, 365-366 hay un documento intercalado. Se ha encontrado un solo ejemplo de un agregado de más texto a la colección después de su escritura: hay un párrafo de mano distinta en C-A 62, 118. La adición está dentro de paréntesis y tiene un cambio hecho en lápiz, fechado “Feb. 1877”, que la coloca menos de un año después del fin de la escritura principal. Curiosamente, el escribano había dejado espacio dentro del documento para acomodar un futuro texto.

Como sabemos, la biblioteca universitaria optó por microfilmar la colección. El operador debía señalar mediante etiquetas visibles cualquier cosa sobre los soportes originales. Añadió pequeños rótulos a las imágenes, manuscritos para las signaturas de los volúmenes e impresos en el caso de un daño material. Se han observado daños en forma de manchas en C-A 26, 267 y de puntillos de tinta en C-A 62, 222.

La mayoría de los documentos contiene únicamente texto; algunos pocos incluyen dibujos. Hierros y señales de oreja de ganado aparecen en C-A 62, 120-125; el pueblo de Los Ángeles se esquematiza en C-A 62, 49 y en C-A 6, 234, el Presidio de San Francisco. En este caso concreto, el texto debajo de la imagen está incompleto en el microfilme. Las imágenes necesitarían un tratamiento especial, pues no son parte de la transcripción en sí, pero sí forman parte del valor de la colección. Todas incorporan etiquetas textuales. Lo mejor para un nuevo proyecto sería empezar con nuevas fotos de los folios, más fieles que las del microfilme.

Figura 9 Nota: Este plano, copia de un original del 1793, es un ejemplo del escaso contenido visual de la colección. Fuente: BL-UC, BANC MSS C-A 62, 49.

Nos enfrentamos a un fondo archivístico ya estudiado durante un siglo y medio, pero que omite muchos detalles, y que se ha quedado atascado en un notorio desorden. Los historiadores lo han utilizado tanto como han podido, pero es de suponer que los estudios californianos irían aún más lejos con el beneficio completo de los textos en los Archives. Si pudieran realizarse investigaciones longitudinales, aprovechando los vínculos temáticos y de origen, la práctica de la historiografía californiana sería más factible. Tendría que intervenir alguna clase de interfaz descriptiva o virtual.

Este apartado reseña intervenciones descriptivas e informáticas que podrían mejorar el acceso a la colección. En general, buscamos abrir nuevas vías de investigación mediante conjuntos de datos intrínsecos de los documentos. Primero aclaramos los principios apropiados para guiar la selección de métodos documentales, y las propuestas que no cuadran con ellos. Hay un espectro de opciones disponibles; con un experimento se estiman sus costes. Por último, se concluye sobre las dos posibilidades actuales más prometedoras para servir mejor a los usuarios.

Lytle (1980, p. 64) distinguió las vías de acceso por procedencia y por indización de contenido. La consulta por vía de procedencia resulta muy difícil para esta colección, debido a la desorganización de la documentación y a los títulos enigmáticos. González García (1999, p. 33) ha notado que los investigadores en el Archivo General de Indias, y especialmente los principiantes, suelen contar más con los índices que con la procedencia. Queda claro que hace falta un buen índice y, como hemos visto, por falta de presupuesto o motivación no se ha hecho. Pero un proyecto estandarizado y gestionado abriría vías de investigación.

Comencemos por descartar algunas posibilidades que conllevan serios problemas. Buscar ahorrar 22% del trabajo al extender el grupo de los 14 índices a los demás volúmenes, nos encadenaría a un léxico inaceptablemente antiguo; traducir la colección al inglés podría interesar a lectores casuales, pero atentaría contra la poca integridad que queda en los documentos, aportando principalmente ambigüedad para los historiadores, y aunque sí habría un gran ahorro en omitir partes de la colección, carecemos de datos sobre la distribución de interés.

Concluyendo que toda la colección debe ser tratada en español, procedemos a la valoración de los costes y beneficios de las clases de herramientas documentales que parecen más prácticas. La distinción entre catalogación e indización disminuye en el ámbito digital. Los datos que aporta una de ellas casi provee a la otra; por eso, aunque se consideran los instrumentos documentales como fines independientes, su producción más eficaz cuenta con elaborarlos juntos.

Cada entrada necesita una referencia clara al documento de origen. Una descripción documental uniforme crearía un catálogo de piezas que podría incluir mayor o menor detalle. La sucesión de volúmenes y tomos falta a la coherencia que haría significantes las descripciones sobre sus niveles; así que la única vía descriptiva útil ofrecida es la basada en documentos simples. Las descripciones mínimas pueden parecerse a las entradas más sencillas de la colección: datos, autor y destinatario, con la referencia o signatura; las más profundas parecerían ser las dadas en la guía de Wright, agregando los sumarios provistos con sus tópicos.

Como las opciones se diferencian en su coste, valoraremos las dos. En cuanto al procesamiento en el nivel documental, Slotkin y Lynch (1982, p. 157) indicaron dos principios muy relevantes: que el costo y el potencial de investigación de una colección son los factores que más dirigen el trabajo. Greene y Meissner (2005, p. 215) coincidieron en que ya casi no hay casos de descripción a nivel de los documentos. No obstante, Schaffner (2009, pp. 9-10) indicó que, en el mundo digitalizado actual, los usuarios a menudo esperan una cobertura completa y prefieren una integridad superficial a una profundidad no exhaustiva.

Habría que escoger algún modelo para etiquetar e indizar. Si bien es recomendable alinearse con un estándar establecido, no siempre existe uno adecuado. El profesor Flores Varela declaró que la naturaleza bibliográfica de esta colección hace inapropiada la posible descripción de los documentos contenidos con ISAD(G) (C. Flores Varela, comunicación personal, 20 de abril de 2021). La transcripción más grande de manuscritos californianos hasta la fecha, la Early California Population Project, utilizó una estructura hecha a medida para describir la documentación sacramental de las misiones franciscanas.

La otra cara de la descripción es el indizar: reunir todas las referencias propias y temáticas para su consulta. Los buenos índices no se generan automáticamente, pero las descripciones ya comentadas podrían servir de materia prima para descubrir unos términos del índice. Un inventario cronológico también se posibilita. Un índice que combina lo onomástico, lo topográfico y lo conceptual parece ser de máxima utilidad.

Se distinguen los índices informales de los desarrollados bajo el control de una autoridad. Ese control busca aumentar el significado de las referencias a través de su normalización, lo que permite la relación de diferentes fuentes, la vinculación de grafías divergentes y la resolución de nombres abreviados. El valor añadido procedería de índices similares en otras colecciones y fondos archivísticos.

Si bien tratar con el significado intrínseco de los documentos es la meta de cualquier investigación de archivo, una transcripción completa de la colección sería sumamente útil. La escritura de la colección siendo moderna y controlada, no presenta ninguna dificultad paleográfica.

El modo tradicional de transcripción académica para la publicación es que se ejecuta por dos personas distintas, y que después un especialista rectifica las variaciones (Kline y Holbrook, pp. 114-15; Stevens y Burg, 1997, p. 83). Hay varios proyectos actuales cuya meta es reducir el coste de la transcripción a través de la colaboración y la digitalización, como en el entorno Zooniverse, que ha logrado unir esfuerzo voluntario en una externalización abierta de tareas (Blickhan et al., 2019). En todos los casos se agrega el valor con cada opinión sobre un elemento textuales, se decide en el texto mediante acuerdos y se profundiza en los desacuerdos.

La transcripción automática también está cada vez más disponible. Las herramientas más avanzadas aún requieren un amplio entrenamiento para reconocer la escritura de una mano. Al invertir en la formación de un modelo adecuado, estos programas pueden proporcionar textos que sean lo suficientemente buenos como para compararlos con los de los lectores humanos.

Transcribir sobre la base es la categorización de los glifos y la opción de rechazo es imprescindible. Los casos muy difíciles no tienen que resolverse al mismo tiempo; mejor etiquetarlos para que en un futuro próximo, más ojos y más expertos puedan completar la transcripción. Es decir, uno no debe frenar su trabajo para estudiar en profundidad los pocos casos raros que se encuentren.

Para identificar las posibilidades descriptivas más útiles se dispone de medidas de coste y de beneficio. Primero, hicimos circular una encuesta entre historiadores de California para conocer la utilidad que esperaban ellos de los instrumentos descriptivos propuestos. Los cinco que respondieron habían escrito o editado 22 libros sobre California entre todos ellos. Concordaron en valorar la colección como sumamente útil para su investigación histórica. Hubo menos acuerdo sobre el valor de los instrumentos actuales de acceso, la guía y los índices mecanografiados; algunos los habían encontrado útiles y otros no. En cuanto al futuro, un catálogo sencillo de documentos les atraía más o menos, pero los índices temáticos, topográficos y onomásticos prospectivos se consideraban muy útiles. Las opciones que más valoraron fueron un inventario detallado y una transcripción completa de la colección.

Fue necesario cronometrar la producción de estas posibilidades para conocer la dimensión del problema. Contemplamos una relación concéntrica entre cuatro de ellas, en la que cada instrumento agrega un coste adicional. Desde el núcleo contamos: la descripción básica, la detallada, el texto transcrito y la indización. La representación total de los documentos compone cuatro pasos secuenciales, con sus medidas adicionales: para la provisión del inventario básico, se anotan los metadatos escribaniles; para el detallado, se agrega el del resumen; para la transcripción, se coloca el texto completo; para los índices, se anotan los términos de interés dentro del texto. Dejamos la cuestión de la alineación con las autoridades para más tarde.

Un experimento permitió estimar los costes de los instrumentos completos. Elaboramos ocho archivos tipo TEI (Text Encoding Initiative) en un editor de texto para los primeros dos documentos de cuatro volúmenes aleatorios (5, 18, 35, 61). El ejemplo trabajado experimentalmente representa 4.91 páginas de las 23 925 previamente enumeradas, o 0.02% del total. La extrapolación con base en este pequeño ejemplo es aproximada, y podemos creer que se sobreestimaría: la experiencia del capturista y la selección y configuración de su programa editor podrían agilizar el proyecto. Específicamente, el uso de un editor hecho para archivos XML probablemente traería ventajas.

Así, se tomaron cuatro medidas sobre el procesamiento provisional de los ocho documentos. Quedó claro que los cuatro se manifestaban en dos grupos, con incrementos marginales del tiempo para cada uno. Dado que muchos documentos no contienen detalles, el inventario detallado tardó poco más que el básico; esto aumentó el tiempo en solo 7%, por lo cual se puede decir que el plan básico conlleva poca ventaja. Del mismo modo, insertar etiquetas de indización subió el tiempo de transcripción en 38%. Se consideró que los índices propuestos eran muy útiles y podría valer la pena elaborarlos. Por eso se concluye que las dos opciones más agradables son la descripción detallada, que llevó un promedio de 79 segundos por documento, y la transcripción indizada, que añadió 262 segundos más.

Entre esas opciones favorables, el inventario detallado y la transcripción etiquetada e indizada, se establece una dicotomía entre clases de inversión. Según las medidas obtenidas, la elaboración de los nuevos instrumentos en TEI - hecha por una sola persona - tomaría para el primero, 806 horas de trabajo, y para el segundo, 3 480 horas. En un horario moderno de 2 000 horas anuales, estas propuestas suponen un 0.4 y 1.7 de años-persona. Fueron aproximadamente 12 escribanos quienes crearon la colección en 10 meses, o sea, 10 años-persona, así que una recuperación sería mucho más económica de lo que fue la creación, incluso si se duplicase el presupuesto para lograr la estimada transcripción doble. Es posible que dentro del llamado comité de expertos haya algún transcriptor automático, lo que podría ahorrar costos; un proceso controlado de etiquetar el acervo con TEI tras su íntegra transcripción podría también resultar económico.

Estas cifras representan estimaciones sobre los precios de las informatizaciones apropiadas a la colección. Para los historiadores consultados, tal inversión produciría nuevas posibilidades de investigación de gran valor. Los estudiosos podrían encontrar y aprovechar los hechos y relatos históricos que se oscurecieron con el revoltijo de los primeros años después de la conquista estadounidense. Y cuando buscasen seguir las referencias existentes a la colección, habría por fin una manera sencilla de navegar hacia los documentos de interés.

Consideramos cumplidos los criterios centrales para proyectarse: el de la practicidad y el de la utilidad potencial del material (Atkinson, 2000, p. 21); sin embargo, no hemos intentado establecer el costo de mantener y servir estos datos al público. Se espera que sean mínimos dentro de las operaciones habituales de una biblioteca investigativa.

Para llevar a cabo un proyecto de tal escala es necesario cumplir con una metodología bien fundada y las normas apropiadas; la adhesión a ellas asegura la utilidad de lo generado en contextos desconocidos. Si bien el ISAD(G) desconoce las copias simples, la estructura más fiable son estándares informáticos, documentos tipo XML que contienen anotación semántica mediante el vocabulario TEI. La documentación así elaborada es fácilmente validada y convertida por programas informáticos. La autoridad de nomenclatura de la Library of Congress estadounidense es la que usa la Bancroft Library. La nacional gestiona programas cooperativos para el registro de nombres (NACO) y sujetos (SACO), así que es factible contribuir con nuevas entradas si fuera oportuno.

Un tipo de seguimiento de la producción guiaría y alinearía los esfuerzos laborales (Conway, 2000, pp. 160-61). Las pautas para la producción de los ficheros se establecerían de antemano. Un presupuesto para un proyecto de este tipo tendrá en cuenta los pasos exactos necesarios y los requisitos para su satisfacción. Habría que tomar decisiones sobre el procesamiento de textos: por ejemplo, podrían expandirse los elementos braquigráficos e ignorarse los saltos de línea. También se decidirá si para reducir el contacto de los trabajadores con la sintaxis de XML valdría la pena transcribir un documento primero y después etiquetarlo, o elaborar una interfaz agradable que integre los datos estructurados.

Un esfuerzo que continúe después de un proyecto de descripción también podría seguir aumentando su valor investigativo. Por una parte, donde ahora tenemos un mero resumen fuera de contexto, podríamos enterarnos de quién escribió el documento original, qué clase de datos se eliminaron de él y en qué orden ocurrieron semejantes casos. Por otra, es a veces posible reparar lagunas en la colección con documentación de otros archivos - el reemplazo ecdótico de pérdidas -. Según el principio codicológico de lectio antiquior potior (la lectura anterior es preferible), cualquier original en otro archivo podría sustituir a una copia o descripción, siempre falible. Algunos documentos enviados por barco habrán llegado a incluirse en archivos mexicanos. Comunicaciones regionales podrían guardarse en los fondos De la Guerra o los Documentos para la historia de California de Mariano Guadalupe Vallejo. Los circulares y panfletos (Beers, 1979, pp. 225, 229) y las reales cédulas y cartas de virreyes (como es el caso en C-A 13, 126) también existirán en otros archivos. Y hemos visto que la oficina del topógrafo general también hacía copias certificadas de la documentación. Valdría la pena unir referencias a los fondos particulares mencionados y a las de los archivos de pueblo. Existen ya descripciones que podrían extraerse para su importación. Las búsquedas que atraviesan varios archivos son muy prometedoras en un caso de dispersión documental, como es el archivo de Alta California.

Otra vía de investigación sería analizar la serie de libros de T. H. Hittell, quien, a diferencia de Bancroft, citaba generosamente el archivo original. Lamentablemente no se ha hallado su propia colección de resúmenes de los documentos (Beers, 1979, p. 225). Sin embargo, sería de gran interés encontrar los datos dejados atrás por los escribanos de Bancroft. Es muy posible que los libros de Hittell atestigüen algunos detalles que no llegaron a resumirse en los Archives.

Nos encontramos con una colección de altísimo valor histórico que refleja los procedimientos oficiales de las autoridades españolas y mexicanas en Alta California. Acceder a ella es sumamente difícil debido a los acontecimientos históricos durante el curso de las guerra y posguerra racializadas. Identificamos opciones de mejora, evaluadas mediante encuestas y ejecución. El producto más ventajoso resulta ser una transcripción completa con indización de autoridad, lo que serviría profundamente a la investigación histórica. También, con un presupuesto más humilde, podría servir una descripción detallada de cada documento; crearla costaría la cuarta parte de lo que costaría la transcripción.

Hay que reconocer que la investigación académica está implicada en la explotación y desvalorización cultural que trajo la intervención estadounidense. Con base en la doctrina del Destino Manifiesto, Bancroft practicaba una “antropología de salvación” que pretendía rescatar detalles atractivos de las razas subyugadas sin comprometerse con ellas (Andrews, 2011, pp. 55-58). En paralelo, se instaló como símbolo estatal un oso que representaba la conquista y dominación de los angloamericanos (Brick, 2023).

Trabajando en la biblioteca que todavía lleva el nombre de Bancroft, tomamos en consideración estos antecedentes. Para Meissner (2019, pp. 150-51), buscamos la “descripción culturalmente competente” que integre los intereses de los desposeídos. Quien trabaje en la transformación de esta colección querrá asegurarse de que lo producido afirme un consenso cultural hacia la reconstitución de los documentos.

La inversión en nuevas descripciones de los Archives of California conlleva el potencial de ser un instrumento de recuperación patrimonial. Si el gobierno de Chile devolvió a Perú libros que había sustraído de ahí (Aguirre, 2015, pp. 109-10), y Rusia recibió la restitución de documentación que permanecía en Estados Unidos (Flintoff, 2016), las instituciones del citado país también pueden apoyar a la reconstrucción del archivo de Alta California. Es de esperar que, al aclarar los costos de tal proyecto, se aprecie más la posibilidad de su ejecución.

BL-UC - Bancroft Library, University of California. Berkeley

SFHC - San Francisco History Center, San Francisco Public Library. San Francisco

San Francisco Call. Estados Unidos.

San Francisco Chronicle. Estados Unidos.